Jorge Roberto Márquez Meruvia[*]
En “Ensayos sobre la
lucidez” de José Saramago la población decide ir al llamado de las urnas y
sorprenden no muy gratamente a la élite política y al gobierno, el resultado
del conteo de los votos muestra que el 83% son votos en blanco. Las artes y las
letras siempre intentan imitar a la vida, es así que en el año 2011 con las
primeras elecciones judiciales realizadas en Bolivia los votos en blanco y
nulos fueron del 60%. Tras un golpe tan duro a la legitimidad de las autoridades
electas; ahora, nos encontramos nuevamente rumbo a unas nuevas elecciones de
autoridades judiciales.
Reformar la justicia
en un país como Bolivia es un problema más que complicado. Obviamente, no es un
problema totalmente boliviano. En México se creó el término “porkycracia” para
denunciar los males de la justicia mexicana y la facilidad que tienen de malearla
todos los que tienen cierto capital económico. No solamente es el problema de
un país, sino, que también es un problema latinoamericano. Tratar de saber
cuáles son las bases de nuestros males con uno de los más importantes poderes
del Estado tiene sus raíces históricas. En la época colonial se utilizaba con
mucha frecuencia un refrán muy popular: al amigo todo, al enemigo la ley.
Debemos recordar que en el Archivo General de Indias ubicado en Sevilla gran
parte de la documentación son quejas sobre el sistema judicial.
En la primera
elección judicial en Bolivia el gobierno del Movimiento Al Socialismo sacó del
debate la meritocracia. Vivimos en un “proceso de cambio”, una revolución y todo
aquello que es parte del antiguo régimen debe desaparecer. Ya en camino hacia
una segunda elección judicial el régimen revolucionario boliviano acude a la
meritocracia y así dejar el mal recuerdo de la baja legitimidad de las actuales
autoridades judiciales. El gobierno del Presidente Evo Morales se proclama como
uno de los más democráticos del mundo, un claro ejemplo, es el exceso del uso
de las urnas ya sea para referéndums o elección de autoridades. Para teóricos de
la democracia como Sartori o Dahl, para una democracia es nefasto estar siempre
practicando el ejercicio del voto, ya que es la estratagema de los demagogos
para seguir en el poder. Maquiavelo en “El príncipe” menciona que el príncipe debe
crear la ilusión de que el pueblo es el que elije de acuerdo a las opciones que
hábilmente el príncipe les da.
El nuevo proceso de
elección de autoridades judiciales trae al escenario político boliviano la
incapacidad de hacer lo correcto tanto al oficialismo y la oposición. El
gobernante Movimiento al Socialismo sabe muy bien que conduce un “proceso de
cambio”, una revolución que no hará ningún tipo de miramientos para hacerse con
el control total del poder. Las elecciones judiciales son la excusa para
dominar el órgano judicial. Efectivamente, como es el caso de las revoluciones
de izquierda es necesario ejercer el control de todos los poderes que son parte
del Estado para crear al nuevo hombre y dar a conocer al mundo el famoso “vivir
bien”.
Los políticos
bolivianos y gran parte de su población tenemos una memoria muy generosa con el
olvido. En más de diez años el gobierno del MAS cada día demoniza al “neoliberalismo”.
Es en ése periodo en 1991 en el gobierno de Paz Zamora que se institucionaliza
la Corte Nacional Electoral, donde tanto el congreso nacional como todos los
miembros de los partidos políticos de entonces tuvieron la voluntad de hacer lo
correcto y dejar de manosear la CNE que estaba en entredicho por el mal manejo
de la “banda de los cuatro” al finalizar la década de los 80 del siglo XX. Nombraron
a personajes notables de gran trayectoria y a la cabeza de Huáscar Cajías,
Alcira Espinoza, Iván Guzmán de Rojas, Jorge Lazarte y Rolando Costas Arduz
devolvieron la credibilidad a la CNE.
En un momento tan
crucial para la justicia boliviana es imposible ver la sensatez de nuestra
clase política que simplemente dedica sus esfuerzos en dar a conocer sus berrinches
mediante los medios de comunicación y no es capaz de buscar en nuestra historia
reciente soluciones para hacer lo correcto con la justicia boliviana. Ojalá el
ejemplo dado en 1991 para institucionalizar el CNE pueda reflejarse con el
órgano judicial, sino, todos los intentos serán vanos y retóricos.
